Con estivalidad y alevosía, el Gobierno Vasco aprobó una
nueva regulación para los centros residenciales de personas mayores y lo vendió
con titulares como este
Pero, ¿qué hay de verdad en ello?
Las reivindicaciones arrancaron en septiembre
de 2016, cuando
las trabajadoras de las residencias de Bizkaia se lanzaron a la huelga, para protestar por las precarias condiciones laborales que
las asfixiaban. La huelga terminó al cabo de 370 días, con
la firma de un preacuerdo de convenio con las patronales del sector.
Tras una espera que los familiares consideran "demasiado larga",
se ha aprobado un nuevo decreto de residencias de mayores en Gipuzkoa.
En lo relativo a los requisitos de personal, las ratios no solo no
mejorarán, sino que en algunos casos empeorarán lo que ya se tenía,
"regularizando la precariedad".
1. El problema de las ratios
El de las ratios es uno de los principales problemas que acucian a
estos servicios y su aumento se viene reclamando —tanto por parte de las trabajadoras
como de los familiares— desde que en 2017 arrancara la huelga en Bizkaia. "Se van a incrementar algo las ratios de personal,
pero no tanto como se viene diciendo" …la fórmula con la que se calculan,
que es la que se empleó en 1998: en vez de en minutos, se basa en jornadas
laborales. "No tiene ni pies ni cabeza hacerlo así. En muchos casos, la
regulación es ahora mucho menos exigente
"No se va a garantizar un mayor bienestar de las personas residentes
como dice la consejera Beatriz Artolazabal. En muchos casos, la atención
directa prevista en el nuevo decreto es inferior a la aprobada hace 20
años",
Existen informes internos preceptivos que llaman la atención sobre la falta
de estudios concretos sobre las ratios.
3. "Regularización de la precariedad"
En relación a los requisitos materiales, "El País Vasco va a pasar de
tener el sector público más fuerte a tener el servicio privatizado"
4. Los familiares, "decepcionados y tristes"
Juani Céspedes preside el colectivo Babestu, que agrupa a los familiares de
las personas usuarias de las residencias, y se muestra "decepcionada y
triste" ante la publicación de este nuevo decreto. Hace dos años, reunida con este periódico, se mostraba ya dolida con la situación en la que se
encontraban. "Vemos que lo que quieren es hacer daño a las trabajadoras y
no se percatan de que los que están pagando las consecuencias son nuestros
familiares", dijo en aquel entonces. Ahora, en cuanto al decreto, cree que
todo se haya hecho de manera "silenciosa". "Aun así, lo veíamos
venir. Parece que se están riendo de nosotros", lamenta.
El principal problema, subraya Céspedes, es "el tema del personal, que
no cambia nada". "Necesitamos —explica— más personal, más
gerocultoras. Están muy saturadas, explotadas y con muchas bajas. Nuestros
familiares no pueden estar bien atendidos". Y hace especial hincapié en
las noches: "El personal de noche es muy escaso y, además, tienen que
estar a otras cosas".
"Prima el negocio por encima de todo", asegura. "Hay buenas
palabras, pero luego no se plasman en la realidad. Habría que invertir en
calidad. Que se trate a los ancianos con dignidad y cariño. Que haya más
médicos. Que la comida no sea toda congelada. Todos vamos a pasar por ahí.
Ahora, por ellos y después, por nosotros", explica.
Insta a las instituciones a trabajar más por los mayores. "Tienen que
ponerse en serio y escuchar a sindicatos, familiares... Pedimos atención, y
para ello hacen falta cuidadoras". Aboga, además, por quitar la
concertación a aquellas empresas que no cumplan con los mínimos. Aun así, no ve
un futuro muy esperanzador. "Es lo que hay, y no parece que vaya a haber
nada mejor", se resigna.